viernes, 27 de febrero de 2009

CON AMLO EL MARTES 3 DE MARZO

Compañer@:
Te recordamos del siguiente evento con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que exijamos la disminuación de las tasas de interés y comisiones bancarias que se llevará a cabo este martes 3 de marzo a las 17:00 horas en la Asociación de Bancos de México ubicada en 16 de septiembre esq. Bolívar.
Nuestro punto de encuentro será a las 16:30 en el lugar, ubicar el templete y viendolo de frente de lado derecho.
Saludos,

Arq. Laura Itzel Castillo

miércoles, 25 de febrero de 2009

PROTESTA ANTE EL IFE, MAÑANA JUEVES

Hola Compañeros por instrucciones de la Dip Alavez hago extensiva la invitación para que nos acompañes mañana jueves 26 de Febrero a las 12:30 pm, en las instalaciones del IFE ubicadas en periférico y viaducto tlalpan, para manifestarnos contra el aumento lascivo que aprobaron los consejeros electorales.

Estarán presentes los Diputados Aleida Alavez y Alejandro Sánchez Camacho.

domingo, 22 de febrero de 2009

DIRECCIONES

Direcciones de las Casas del Movimiento en Defensa de la Economía Popular en el D.F.

Alvaro Obregón
Juan Cousin 43 Col. Alfonso 13

Azcapotzalco
Totonacas 90 Col. Tezozomoc

Benito Juárez
Victor Hugo 19 Col. Albert

Coyoacán
Pennsylvania esq División del Nte. Col. Parque San Andrés

Cuajimalpa
José Ma. Castorena 226 Col. Centro

Cuauhtémoc
Dr. Navarro 5 Col. Doctores

Gustavo A. Madero
Bustamante No. 98 Col. Martín Carrera
Tepalcatitlan 11 Col. Industrial

Iztacalco
Retorno 2 de sur 16 No. 34 Col. Agrícola la Oriental

Iztapalapa
Calle 14 366 D Col. Leyes de Reforma 2a. Sección
Libertad 145 Barrio San Lucas
Ursulo Galván No. 7 Pueblo Santa meyehualco

Contreras
Ave. San Jerónimo 15 planta alta Col. Potrerillo

Miguel Hidalgo
Lago Mask no. 198 Col. Anahuac

Milpa Alta
Nuevo León 222 Barrio Santa Cruz Villa Milpa Alta

Tlahuac
Barranca s/n Barrio San Juan Ixta Yopan

Tlalpan
Ave. San Fernando 410 Col. Centro
Ave. México Ajusco no. 28 pueblo de San Miguel Xicalco

Venustiano Carranza
Felipe Berriozabal 48 Col. Morelos

Xochimilco
Xaltocan no. 50 Barrio Xaltolcan

viernes, 13 de febrero de 2009

lunes, 9 de febrero de 2009

OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS

LAS CASAS DEL MOVIMIENTO

El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional inicia sus acciones de este año con una gran asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México.
Asamblea informativa
Con un gran ánimo y desbordando la plancha del Zócalo, sin museos ni pistas de por medio, incluyendo el perímetro donde circulan los autos alrededor de la plancha, incluso a la altura del Palacio Nacional, atrás del templete, con agrupamientos partidarios, principalmente de Convergencia y del PT, y con gente sin partido, de la Ciudad de México y de los estados de la República, mujeres, hombres, niños, ancianos, bebés, obreros, estudiantes, profesionistas, campesinos, todos aclamaron y refrendaron la existencia de este gran Movimiento que nació en 2005 durante el Desafuero, floreció en 2006 durante el Fraude, se organizó en 2008 durante la Defensa del Petróleo y ahora en 2009 se prepara para la Defensa de la Economía Popular. Lean la excelente crónica de Jaime Avilés sobre esta asamblea.
Las Casas del Movimiento.
A nombre de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional, Alejandro Encinas anunció que durante el mes de febrero se instalarán las Casas del Movimiento en las 31 capitales de los estados y en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. "Estas casas serán los referentes territoriales y el centro de operaciones de nuestro movimiento. Lugares de encuentro y de trabajo para defender la economía popular y promover la solidaridad y la ayuda mutua, fomentando la vida y el desarrollo comunitario. En una primera etapa, se brindará información sobre nuestro movimiento, se promoverá la organización y se atenderá la queja ciudadana por cobros excesivos de la luz, la cartera vencida de vivienda social, así como por las comisiones e intereses desmesurados en las tarjetas de crédito. En una segunda etapa, se sumarán acciones de defensa de la economía popular en materia de salud, consumo y abasto de productos básicos, junto con actividades artísticas, culturales y de educación política. Para el funcionamiento de las Casas contaremos con el apoyo de las Brigadas del Movimiento, de los comités del Gobierno Legítimo organizados en todo el territorio nacional, así como de los equipos de ciudadanos y especialistas que se constituyan para atender tareas específicas."
También anunció las próximas acciones del Movimiento, con el siguiente calendario:
Del 26 al 30 de enero: campaña de información para distribuir volantes, historietas o carteles en casas, oficinas o escuelas.
Martes 3 de febrero, a las 17.00: mitin en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para exigir un cambio en la política económica, que bajen los precios de las gasolinas y el diesel, y que se elimine el IETU.
Miércoles 17 de febrero, a las 17.00: mitin en las oficinas de la Compañía Luz y Fuerza del Centro en la Ciudad de México y en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en todo el país, en contra de los altos cobros en los recibos de luz y demandando la disminución de las tarifas.
Martes 3 de marzo, a las 17.00: mitin en la Asociación Mexicana de Bancos para protestar por las altas tasas de interés en las tarjetas de crédito y en las comisiones por los servicios que prestan los bancos; así como por la situación de las carteras vencidas en los créditos de vivienda.
Miércoles 18 de marzo, concentración en el monumento a Lázaro Cárdenas, ubicado en el eje central de la Ciudad de México, para reivindicar nuestra lucha en defensa del petróleo, y hacer una evaluación de la reforma energética.
Domingo 22 de marzo, a las 10:00: Asamblea Nacional en Defensa del Petróleo, de la Economía Popular y de la Soberanía, en el Zócalo de la Ciudad de México.
En su discurso, el Presidente Legítimo de México Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a los dirigentes del Frente Amplio Progresista, a los brigadistas, a los miembros de las organizaciones sociales y ciudadanas, a Alberto Anaya, dirigente del PT, a Luis Maldonado, dirigente de Convergencia, a los dirigentes del PRD en el DF, en particular a Alejandra Barrales y a Alejandro Encinas. También hizo una evaluación de la grave situación para México en el momento actual y habló de la postura del Movimiento ante esta crisis. Repasó el calendario de próximas acciones y expresó la solidaridad que debemos tener con las diversas luchas que sostienen grupos y personas contra las múltiples caras de la injusticia, la impunidad y la corrupción que propicia la clase política, los poderes y las instituciones corrompidas y el gobierno usurpador. AMLO se solidarizó:
Con los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos en Coahuila;
Con los mineros de Cananea, Sonora, en huelga desde hace 18 meses;
Con quienes luchan contra la minera San Xavier que está destruyendo el cerro de San Pedro en San Luis Potosí;
Con el pueblo de Zimapán, Hidalgo, que se opone a que una empresa española instale un basurero de residuos tóxicos en ese municipio, pueblo que recibió la represalia de la policía y la injusta resolución del Tribunal Federal Electoral, que anuló las elecciones municipales, desconociendo al presidente municipal electo, José María Lozano Moreno;
Con el pueblo de San Marcos, Guerrero donde también el Tribunal Federal Electoral que le quitó el triunfo al presidente municipal electo, porque está de por medio el interés de políticos y empresarios para apropiarse de terrenos con potencial turístico en esa zona;
Con los maestros Héctor Manuel Lara Moreno, Carlos Antonio Castro García y Álvaro K. Escamilla de Mexicali, Baja California, quienes por encabezar un movimiento en contra de Elba Esther Gordillo, fueron encarcelados con la complicidad del gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán.
Con todos los maestros que luchan por la democratización sindical, que se oponen a las reformas a la Ley del ISSSTE y a la llamada Alianza Educativa.
Con los presos políticos de Atenco y de todos los luchadores sociales que son hostigados o se encuentran privados de su libertad por la defensa de causas populares y del medio ambiente.
Con los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, de las revistas Contralínea y Fortuna, quienes son víctimas de la persecución por sus denuncias a empresarios vinculados con Felipe Calderón.
Con los trabajadores y técnicos de Pemex, que fueron despedidos por organizarse y defender sus derechos.
Con los campesinos y pescadores que exigen con justicia que baje el precio del diesel, que les afecta gravemente en su de por sí menguada economía.
Con los que protestan por los daños que ya se han ocasionado a la zona arqueológica de Teotihuacán, en aras de intereses políticos mediáticos y mercantiles, exigiendo la cancelación del proyecto "Resplandor Teotihuacán", impulsado por el gobierno usurpador y el gobierno del estado de México.
Recomiendo ampliamente leer el discurso completo de AMLO.




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CARTA DE AMLO A LOS LEGISLADORES

México, Distrito Federal
Martes 03 de febrero de 2009

Carta a Diputados y Senadores

México, D.F. a 3 de febrero de 2009


Sen. Gustavo Madero Muñoz
Dip. César Duarte Jáquez
Presidentes de las Mesas Directivas de las
Cámaras de Senadores y de Diputados


Por este medio, les pido de manera respetuosa, tengan a bien hacer llegar la presente carta a todos los diputados y senadores, integrantes del Congreso de la Unión.

Señoras y señores legisladores:

Desde hace tiempo, hemos venido insistiendo en que se tomen medidas de fondo, no demagógicas, para reorientar el presupuesto público y proteger al pueblo ante el agravamiento de la crisis económica.

Como es sabido, el presidente espurio no ha hecho realmente nada importante para frenar el desempleo, la carestía, el empobrecimiento, la inseguridad y la violencia.

Ustedes también ignoraron la propuesta que les hicimos el 28 de septiembre de 2008, desde el zócalo de la Ciudad de México, en el sentido de que el Congreso convocara a la celebración de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sectores económicos y sociales del país para llevar a cabo un plan anticrisis.

Asimismo, no tomaron en cuenta el Programa para la Defensa de la Economía Popular que les propusimos el 4 de noviembre, cuando estaba por aprobarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 2009.

Por esta razón, y dada la gravedad del asunto, de nueva cuenta les volvemos a insistir en que se deben tomar medidas urgentes para cambiar la política económica, empezando por reorientar el gasto público y destinar fondos al desarrollo económico y social del país.

En primer término, les recordamos que en las últimas dos administraciones (de 2001 a 2008), el gasto público corriente ha crecido en términos reales, 72 por ciento, muy por encima del crecimiento de la economía (20.9 %), y del crecimiento del gasto total (64 %).

Tan sólo entre 2006 y 2008, el gasto corriente del sector público se incrementó en 437 mil millones de pesos, al pasar de un billón 321 mil millones a un billón 758 mil millones. Dicho de otra manera: si durante este periodo, el gasto corriente sólo hubiese aumentado en la misma proporción a la economía del país, hoy habrían 233 mil millones de pesos disponibles.

Como ustedes bien saben, una importante cantidad de este gasto corriente se destina a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno. Hay quienes ganan, en términos reales, hasta 600 mil pesos mensuales y tienen servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Además, mucho dinero del presupuesto se destina a proteger a banqueros y a grandes empresarios, se derrocha y se va por el caño de la corrupción.

Por eso, insistimos en nuestro planteamiento de reducir, de inmediato, el gasto corriente y destinar estos fondos aminorar los efectos de la crisis económica que nos afecta desde el año pasado. De otra manera, México no podrá enfrentar el aumento del desempleo, la pérdida de ingreso disponible de la gente, la caída del consumo de alimentos y bienes necesarios, y la falta de recursos y oportunidades para trabajadores y empresas.

De manera específica, el ahorro de 200 mil millones de pesos que proponemos, se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores; suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia; cancelando las pensiones millonarias a los expresidentes de México; eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario; reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello, acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.

A partir de la aplicación de un plan de austeridad republicana y ahorrando en una primera etapa 200 mil millones de pesos, se pueden tomar las siguientes medidas:

1. Apoyos al campo para la producción de alimentos

En el presupuesto del 2009 se contemplan 16 mil 800 millones de pesos para el Procampo. Este monto no es suficiente para apoyar la producción de alimentos, además, los recursos están llegando tarde, cuando ya se realizó la siembra, obligando a los productores a tomar crédito de los proveedores de insumos, como semillas y fertilizantes, por los que llegan a pagar hasta el 30 por ciento de lo que reciben del programa. Con frecuencia también tienen que pagar al personal de la ventanilla para que les liberen los fondos, dando hasta 500 pesos por un cheque de 3 mil 300 pesos.

Es indispensable hacer a un lado la absurda política de comprar los alimentos afuera, cuando podemos producir en el país lo que consumimos, generando empleos y atemperando el fenómeno migratorio.

Nuestra propuesta es comenzar con apoyos adicionales por 20 mil millones de pesos para los productores y la exigencia de que el gobierno espurio libere los recursos con prontitud.

2. Impulsar el crédito a la pequeña y mediana empresa

Se requieren cuando menos 40 mil millones de pesos para la banca de desarrollo con el objeto de garantizar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Cabe aclarar que el fondo de 50 mil millones de pesos que está ejerciendo el gobierno espurio, supuestamente para este propósito, se está dedicando realmente a apoyar a las grandes empresas en sus emisiones de papel comercial, como Cemex, Coppel, Soriana y Comercial Mexicana. De ahí la necesidad de tener una partida destinada a las empresas medianas y pequeñas.

3. Reducir los precios de la electricidad, la gasolina, el gas y el diesel en beneficio de consumidores y empresas

Nuestra propuesta contempla disminuir las tarifas de los consumidores de energía eléctrica, con un costo de 15 mil millones de pesos.

Asimismo, para la reducción de precios de gasolina y gas en 10 por ciento, y de diesel en 15 por ciento, se requieren 35 mil millones de pesos.

Debe entenderse que abaratar estos energéticos tiene dos efectos positivos. Uno es el aumento real en el ingreso y otro es la reducción de la inflación, lo que daría pie a bajar las tasas de interés de su nivel actual, reduciendo con ello costos de crédito para el consumidor y para toda la economía.

4. Más presupuesto para salud, alimentos, becas a estudiantes y apoyo a desempleados

Es urgente destinar recursos para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.

5. Derogar el IETU

No hay mejor manera de apoyar a las empresas y dar un alivio a la carga fiscal de los trabajadores que eliminar este impuesto injusto que causa gravámenes superiores a la capacidad de pago de los contribuyentes, al no permitirles la deducción de la nómina, las pérdidas cambiarias o el pago de intereses por la deuda. Para los trabajadores ha representado un aumento de la carga fiscal que les es retenida y que golpea sobre todo a la clase media. Esta acción tendría un costo de 50 mil millones de pesos, según las estimaciones de recaudación de la Secretaría de Hacienda.


En suma, el costo estimado de los programas de emergencia económica y social, que proponemos, en una primera etapa, para enfrentar la crisis es el siguiente:

PROGRAMA MONTO (mdp)

Apoyo a productores de alimentos 20,000
Crédito a empresas pequeñas y medianas 40,000
Reducción de electricidad, gasolina, gas y diesel 45,000
Bienestar social 45,000
Derogación del IETU 50,000
TOTAL 200,000

Adicionalmente, es urgente que el Congreso tome la decisión de proteger los fondos de pensiones de los trabajadores, cuya pérdida asciende a 60 mil millones de pesos, mientras las administradoras financieras privadas han obtenido utilidades de 11 mil millones de pesos.


Señoras y señores legisladores:

Es el momento de cambiar, en definitiva, la política económica que sólo atiende a los privilegiados de siempre y ha llevado a la bancarrota al país.

También les recomendamos, por el bien de México, que construyan acuerdos en el Poder Legislativo, no sólo para reorientar el presupuesto sino para solicitar la remoción del actual secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien ha demostrado su incapacidad para enfrentar los retos que exige la actual crisis económica. Téngase en cuenta que este funcionario sólo sabe aplicar fórmulas simplistas de un modelo que ha hundido al país y ha fracasado por completo.

No pasemos por alto que estamos ante una nueva realidad y se necesita una nueva política económica y una visión diferente; es decir, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

De modo que, señoras y señores legisladores, tienen todavía la oportunidad de actuar a la altura de las circunstancias y reivindicarse como verdaderos representantes populares.


A t e n t a m e n t e



Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México

sábado, 7 de febrero de 2009

SACA EL UNIVERSAL LISTA DE CANDIDATOS CHUCHOS EN EL DF

Este aviso es solo para aquellos que no queremos votar por ningún "chucho traidor" sale la lista en El Universal:

Entre los nombres que se mencionan en Nueva Izquierda (CHUCHOS) para precandidatos a diputados locales están Carlos Augusto Morales, Horacio Martínez y Julio César Moreno.

Por Nueva Izquierda (CHUCHOS) los aspirantes a las jefaturas delegaciones son: Lorena Villavicencio, en Álvaro Obregón; Mauricio Toledo, Coyoacán; Silvia Oliva, Iztapalapa; Isaías Villa, Gustavo A. Madero; Daniel Ordóñez, Iztacalco; Alejandro Piña, Venustiano Carranza; y Eddy Ortiz para Tláhuac.


Alistan corrientes del PRD disputa por candidaturas
Registrarán el sábado a sus precandidatos a diputados a la Asamblea Legislativa del DF por mayoría relativa y representación proporcional, así como jefes delegacionales

El Universal

Las corrientes antagónicas del PRD se preparan para registrar desde el sábado a sus precandidatos a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por mayoría relativa y representación proporcional, así como jefes delegacionales.

Los comicios serán el 15 de marzo para votar por los aspirantes de Nueva Izquierda (CHUCHOS) que lidera el senador René Arce, así como de Izquierda Unida (ENCINAS) que agrupa a los bejaranistas de IDN, de Dolores Padierna; Izquierda Social, de Martí Batres; y Unyr, de Armando Quintero.

En el principal bastión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) los grupos trabajan a toda prisa para sacar acuerdos de unidad y registrar un candidato para cada uno de los 40 distritos electorales de la capital y 16 jefaturas delegacionales.

En la mesa de discusión de Izquierda Unida están los nombres de Eduardo Santillán, para Alvaro Obregón; Bernardo Bátiz, Benito Juárez; Miguel Sosa, Coyoacán; Clara Brugada, Iztapalapa; Agustín Torres, Cuauhtémoc; y Adrián Ruvalcaba, Cuajimalpa.

También Ana Gabriela Guevara, Miguel Hidalgo; Higinio Chávez, Tlalpan; y Manuel González, Xochimilco. Para Milpa Alta se propone a Sergio Avila; en Gustavo A. Madero a Víctor Hugo Lobo; en Magdalena Contreras a Eduardo Hernández y para Tláhuac a Miguel Escamilla.
Por Nueva Izquierda los aspirantes a las jefaturas delegaciones son: Lorena Villavicenio, en Alvaro Obregón; Mauricio Toledo, Coyoacán; Silvia Oliva, Iztapalapa; Isaías Villa, Gustavo A. Madero; Daniel Ordóñez, Iztacalco; Alejandro Piña, Venustiano Carranza; y Eddy Ortiz para Tláhuac.

La mayor dificultad se centra en la elección de los aspirantes a las 40 diputaciones locales, sobre todo del lado de Izquierda Unida, por lo que será en las próximas horas cuando se definan.

De no lograrse el acuerdo para una precandidatura de unidad se optará, como ocurrió con los precandidatos a diputados federales, por registrar cada corriente a su aspirante y en los próximos días se depurará otorgando posiciones administrativas.

Entre los nombres que se mencionan en Nueva Izquierda (CHUCHOS) para precandidatos a diputados locales están Carlos Augusto Morales, Horacio Martínez y Julio César Moreno.
Se prevé que una gran parte de los actuales jefes delegacionales buscarán una candidatura a la ALDF.


Recuerden: NUEVA IZQUIERDA SON LOS CHUCHOS, TODOS SON CHUCHOS

IZQUIERDA UNIDA SON LOS DE ALEJANDRO ENCINAS,

EN EL DF SON 16 DELEGACIONES:

DOS DELEGACIONES SON CHUCHAS: Iztapalapa y Venustiano Carranza

DOS DELEGACIONES SON PANISTAS: Benito Juárez y Miguel Hidalgo

Y DOCE DELEGACIONES SON P R D NO CHUCHO

jueves, 5 de febrero de 2009

martes, 3 de febrero de 2009

ASAMBLEA FRENTE A LAS OFICINAS DE HACIENDA

CARTA DE AMLO A LOS LEGISLADORES

México, Distrito Federal
Martes 03 de febrero de 2009

Carta a Diputados y Senadores


México, D.F. a 3 de febrero de 2009


Sen. Gustavo Madero Muñoz
Dip. César Duarte Jáquez
Presidentes de las Mesas Directivas de las
Cámaras de Senadores y de Diputados


Por este medio, les pido de manera respetuosa, tengan a bien hacer llegar la presente carta a todos los diputados y senadores, integrantes del Congreso de la Unión.

Señoras y señores legisladores:

Desde hace tiempo, hemos venido insistiendo en que se tomen medidas de fondo, no demagógicas, para reorientar el presupuesto público y proteger al pueblo ante el agravamiento de la crisis económica.

Como es sabido, el presidente espurio no ha hecho realmente nada importante para frenar el desempleo, la carestía, el empobrecimiento, la inseguridad y la violencia.

Ustedes también ignoraron la propuesta que les hicimos el 28 de septiembre de 2008, desde el zócalo de la Ciudad de México, en el sentido de que el Congreso convocara a la celebración de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sectores económicos y sociales del país para llevar a cabo un plan anticrisis.

Asimismo, no tomaron en cuenta el Programa para la Defensa de la Economía Popular que les propusimos el 4 de noviembre, cuando estaba por aprobarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 2009.

Por esta razón, y dada la gravedad del asunto, de nueva cuenta les volvemos a insistir en que se deben tomar medidas urgentes para cambiar la política económica, empezando por reorientar el gasto público y destinar fondos al desarrollo económico y social del país.

En primer término, les recordamos que en las últimas dos administraciones (de 2001 a 2008), el gasto público corriente ha crecido en términos reales, 72 por ciento, muy por encima del crecimiento de la economía (20.9 %), y del crecimiento del gasto total (64 %).

Tan sólo entre 2006 y 2008, el gasto corriente del sector público se incrementó en 437 mil millones de pesos, al pasar de un billón 321 mil millones a un billón 758 mil millones. Dicho de otra manera: si durante este periodo, el gasto corriente sólo hubiese aumentado en la misma proporción a la economía del país, hoy habrían 233 mil millones de pesos disponibles.

Como ustedes bien saben, una importante cantidad de este gasto corriente se destina a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno. Hay quienes ganan, en términos reales, hasta 600 mil pesos mensuales y tienen servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Además, mucho dinero del presupuesto se destina a proteger a banqueros y a grandes empresarios, se derrocha y se va por el caño de la corrupción.

Por eso, insistimos en nuestro planteamiento de reducir, de inmediato, el gasto corriente y destinar estos fondos aminorar los efectos de la crisis económica que nos afecta desde el año pasado. De otra manera, México no podrá enfrentar el aumento del desempleo, la pérdida de ingreso disponible de la gente, la caída del consumo de alimentos y bienes necesarios, y la falta de recursos y oportunidades para trabajadores y empresas.

De manera específica, el ahorro de 200 mil millones de pesos que proponemos, se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores; suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia; cancelando las pensiones millonarias a los expresidentes de México; eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario; reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello, acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.

A partir de la aplicación de un plan de austeridad republicana y ahorrando en una primera etapa 200 mil millones de pesos, se pueden tomar las siguientes medidas:

1. Apoyos al campo para la producción de alimentos

En el presupuesto del 2009 se contemplan 16 mil 800 millones de pesos para el Procampo. Este monto no es suficiente para apoyar la producción de alimentos, además, los recursos están llegando tarde, cuando ya se realizó la siembra, obligando a los productores a tomar crédito de los proveedores de insumos, como semillas y fertilizantes, por los que llegan a pagar hasta el 30 por ciento de lo que reciben del programa. Con frecuencia también tienen que pagar al personal de la ventanilla para que les liberen los fondos, dando hasta 500 pesos por un cheque de 3 mil 300 pesos.

Es indispensable hacer a un lado la absurda política de comprar los alimentos afuera, cuando podemos producir en el país lo que consumimos, generando empleos y atemperando el fenómeno migratorio.

Nuestra propuesta es comenzar con apoyos adicionales por 20 mil millones de pesos para los productores y la exigencia de que el gobierno espurio libere los recursos con prontitud.

2. Impulsar el crédito a la pequeña y mediana empresa

Se requieren cuando menos 40 mil millones de pesos para la banca de desarrollo con el objeto de garantizar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Cabe aclarar que el fondo de 50 mil millones de pesos que está ejerciendo el gobierno espurio, supuestamente para este propósito, se está dedicando realmente a apoyar a las grandes empresas en sus emisiones de papel comercial, como Cemex, Coppel, Soriana y Comercial Mexicana. De ahí la necesidad de tener una partida destinada a las empresas medianas y pequeñas.

3. Reducir los precios de la electricidad, la gasolina, el gas y el diesel en beneficio de consumidores y empresas

Nuestra propuesta contempla disminuir las tarifas de los consumidores de energía eléctrica, con un costo de 15 mil millones de pesos.

Asimismo, para la reducción de precios de gasolina y gas en 10 por ciento, y de diesel en 15 por ciento, se requieren 35 mil millones de pesos.

Debe entenderse que abaratar estos energéticos tiene dos efectos positivos. Uno es el aumento real en el ingreso y otro es la reducción de la inflación, lo que daría pie a bajar las tasas de interés de su nivel actual, reduciendo con ello costos de crédito para el consumidor y para toda la economía.

4. Más presupuesto para salud, alimentos, becas a estudiantes y apoyo a desempleados

Es urgente destinar recursos para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.

5. Derogar el IETU

No hay mejor manera de apoyar a las empresas y dar un alivio a la carga fiscal de los trabajadores que eliminar este impuesto injusto que causa gravámenes superiores a la capacidad de pago de los contribuyentes, al no permitirles la deducción de la nómina, las pérdidas cambiarias o el pago de intereses por la deuda. Para los trabajadores ha representado un aumento de la carga fiscal que les es retenida y que golpea sobre todo a la clase media. Esta acción tendría un costo de 50 mil millones de pesos, según las estimaciones de recaudación de la Secretaría de Hacienda.


En suma, el costo estimado de los programas de emergencia económica y social, que proponemos, en una primera etapa, para enfrentar la crisis es el siguiente:

PROGRAMA MONTO (mdp)

Apoyo a productores de alimentos 20,000
Crédito a empresas pequeñas y medianas 40,000
Reducción de electricidad, gasolina, gas y diesel 45,000
Bienestar social 45,000
Derogación del IETU 50,000
TOTAL 200,000

Adicionalmente, es urgente que el Congreso tome la decisión de proteger los fondos de pensiones de los trabajadores, cuya pérdida asciende a 60 mil millones de pesos, mientras las administradoras financieras privadas han obtenido utilidades de 11 mil millones de pesos.


Señoras y señores legisladores:

Es el momento de cambiar, en definitiva, la política económica que sólo atiende a los privilegiados de siempre y ha llevado a la bancarrota al país.

También les recomendamos, por el bien de México, que construyan acuerdos en el Poder Legislativo, no sólo para reorientar el presupuesto sino para solicitar la remoción del actual secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien ha demostrado su incapacidad para enfrentar los retos que exige la actual crisis económica. Téngase en cuenta que este funcionario sólo sabe aplicar fórmulas simplistas de un modelo que ha hundido al país y ha fracasado por completo.

No pasemos por alto que estamos ante una nueva realidad y se necesita una nueva política económica y una visión diferente; es decir, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

De modo que, señoras y señores legisladores, tienen todavía la oportunidad de actuar a la altura de las circunstancias y reivindicarse como verdaderos representantes populares.


A t e n t a m e n t e



Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México

domingo, 1 de febrero de 2009

LA RESISTENCIA CIVIL ELIGE A SUS REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS DE REPRESENTACION POPULAR







CON AMLO ESTE MARTES 3 DE FEBRERO

Este martes 3 de febrero, 5 pm. Estaremos frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda con el Presidente Legítimo de México Andrés Manuel López Obrador, para exigir un cambio de rumbo en la política económica y demandar que bajen los precios de la gasolina el diesel, la luz, el gas, que se derogue el IETU y se protejan los fondos de pensiones de los trabajadores. Lugar: Avenida Hidalgo, frente a la Alameda Central. LA PATRIA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE.

LOS PANISTAS RUMBO A LAS ELECCIONES 2009

MIRA LO QUE PIENSAN ESTOS PANISTAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD, LO QUE DESEAN HACER DE ELLA Y SU FORMA DE PROMOVER EL VOTO PARA SU PARTIDO.¿SERÁ POSIBLE HACER UNA DENUNCIA? BESOS.


Sent: Tuesday, January 27, 2009 11:34 PM
Subject: Elecciones 2009

Queridos amigos, muchas gracias por sus votos en el 2006. Los tres ultimos años, hemos tenido grandes logros en el combate contra el narcotrafico, la creación de empleos, el fortalecimiento de la economía, la seguridad publica, el orden moral y el bienestar en general para todos los mexicanos. Ahora debemos consolidar lo ganado, es necesario ponernos a trabajar de inmediato para lograr el triunfo de nuestro partido el PAN, en las próximas elecciones. Así que les pedimos de nueva cuenta su apoyo para llevar a cabo nuestro Plan de Gobierno a largo plazo 2006 - 2030, ante lo cual deseamos comenzar a trabajar de inmediato para poner en práctica un anhelo largamente deseado, el de hacer un México ganador a través de instituciones educativas superiores confiables y de primer orden. Contamos con excelentes ejemplos de escuelas privadas, cuyos egresados conforman el gabinete de nuestro ciudadano presidente Felipe Calderón, así como su equipo de Colaboradores.

Como ustedes saben un impedimento para el despegue de nuestra propuesta educativa es la existencia de una universidad pública que genera un gran gasto y pocos resultado, la UNAM, si es que existe gente valiosa en ella, se le encontrará acomodo en el nuevo esquema educativo, pero es bien sabido que la gran mayoría son una borregada burocratica, que solo chupa la sangre de los que si trabajamos y pagamos mes con mes nuestros impuestos. Esta comunidad que se hace llamar universitaria, causa mucho daño a nuestro querido México, pues se ha convertido en un nido de deincuencia, drogadicción y valores negativos, todo lo contrario a lo que deseamos para nuestros hijos, basta ver el caso de la terrorista Morett. Por este motivo los miembros del comite azul, te pedimos que con tu nombre nos des tu aval para tomar un decisión trascendental para que tú y todos mejoremos nuestra vida. La UNAM y en especifico, el area de Ciudad Universitaria, se encuentra en un area privelegiada,del distrito federal, terreno que se encuentra pesimamente aprovechado por cierto. ¿Sabias que tan solo con la venta de esos terreons se podria pagar la deuda?

Imagina todo el capital que podria producir su explotacion comercial, imagina los rascacielos que se podrian construir, un pequeño manhatan a un lado de el Pedregal, unade las zonas mas exclusivas de la ciudad de México, a un lado de Perisur y mero insurgentes. Si como nosotros piensas que la UNAM es un elefante blanco del la epoca priista, firama este correo para que los legisladores del PAN en la proxima legislatura, voten por el recorte de presupuesto a ese Frankestein de universidad, y se de paso a su futuro desmantelamiento.

Para los que menos tienen existirán becas con las que podrán tener una formación exitosa en las áreas que el país requiere , escuelas tecnicas que produzcan oficios realistas, evitando así que existan carreras poco productivas y ociosas como Biologia, Matematicas o Investigaciones Genomicas, ademas que son aberraciones que atentan contra nuestro credo religioso.

Firma ahora por el recorte presupuestal a Universidades Públicas, tus hijos lo agradeceran


¡PATRIA, RELIGION Y SANGRE!.


Edgar Döring

Comite Azul de la Organización Demócrata Cristiana de America
http://www.odca.org.mx/


1-.Edgar Döring Marquez
2.- Raul Padilla Orozco
3.- Elvia Rosario Castro
4.- Manuel Antonio Espino Zurita
5.- Jose Covarrubias Suárez
6.- Victor Moya
7.-Enrique Guerrero Estrada
8.- Ricardo Martinez
9. Isaura Estrada Espinosa
10.- Jesus Güinchard Esparza
11.-Eduardo Romero Hick
12.-Mario Angulo,
13.- Eva Norberto
14.- Carlos Garcia-Merón,
Luis Bondia
Daniel Peréz
Zaro Calero
José Bernal
María del Mar Corzo
Manuela Ballesteros
Marta Marcos
Roc Mateu
Miquel Insua
Isidro Vigo
Jaume Mateu
Françesc Torrent Gironella
Carlos Benpar Marta Eguía
Lula San Román
Aina Clotet
Marc Clotet
Mayte Caballero
Silvia de la Fuente
Ruben Zapatero
Higinio Iglesias
Rosa Clara Garcia
Marisa Aras
Geka Navarro
Paloma Calle
Laura Oliva
Iván Masague
Luis Gimeno
Mayte Caballero
Juanmi Flores
Rocío Romero
Teresa Vallejo
Emili Armengol
Eva Higueras
Elena Fortuny
Albert Buscató
Alex Mañas
Tony Martin
Isabel Gardela
Carlos Viaga
Arantxa de Juan
Jorge López
Cisco Bermejo
Juan Antonio Hormigón
Alex Brendemühl
Carles Gilabert
Ivan massagué

ALERTA EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ. CESAR NAVA PARA DIPUTADO FEDERAL.

Contralínea publicó ésto el año pasado.


César Nava actualmente es Secretario Particular de Felipe Calderón. Durante todo su vida política ha estado ligado a Calderón. La Reforma energética de Felipe Calderón busca legitimar las ilegalidades y abusos cometidos tanto por él como sus colaboradores cuando ocuparon cargos en la Secretaria de energía y en PEMEX correspondientemente, así como la posibilidad de llevar a cabo compromisos contraídos con el gobierno estadounidense.
2a quincena mayo 2008
César Nava, precursor de la privatización de Pemex
Expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y Función Pública revelan la estratagema que habrían realizado César Nava y su entonces subordinado José Néstor García Reza, actual abogado general de la paraestatal, para entregar la operación de la Cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país– en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona
Ana Lilia Pérez
Documentos internos de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) revelan cómo José César Nava Vázquez –hoy secretario privado de Felipe Calderón– como abogado general de Pemex autorizó el diseño y suscripción de los contratos de servicios múltiples (CSM) en beneficio de las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, en supuesta contravención a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nava tomó tal determinación pese a la alerta de sus subordinados de que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional; la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), marco regulatorio en el cual se justificaron los CSM. Además, el abogado de Pemex no tenía atribuciones para aprobar operaciones de esta naturaleza.

El artículo 27 de la Constitución dispone como exclusivo de la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, ordenando de manera categórica que 'tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso no se otorgan concesiones ni contratos', y que sólo la nación llevará a cabo su explotación.

Los expedientes evidencian cómo, en el periodo en que Raúl Muñoz Leos era director general de Pemex y Luis Ramírez Corzo director de Pemex Exploración y Producción (PEP), César Nava, en su carácter de titular de la Oficina del Abogado General (OAG), y Néstor García, entonces titular del área jurídica de PEP, operaron para que la paraestatal suscribiera contratos como si fuese una compañía privada, para ceder a terceros la exploración y explotación de pozos, pasando por alto las consideraciones de sus subordinados, juristas adscritos a la OAG, quienes desde 2002, cuando se diseñaban los CSM, advirtieron que el modelo no era acorde a la ley.

En este esquema comercial disimulado como contrato de obra pública, en el cual ostenta a Pemex como una empresa privada, Nava renunció a la inmunidad que la carta magna da a la petrolera del Estado y a sus subsidiarias y filiales, constriñéndola a que en caso de conflicto sea juzgada en el extranjero ante tribunales comerciales. Todo ello, para 'hacer contratos atractivos para los inversionistas privados', según versiones de sus excolaboradores.

Nava Vázquez benefició a las trasnacionales con contratos por más de 4 mil millones de dólares para la exploración, explotación, producción, transporte y almacenamiento de gas natural y sus condensados en la Cuenca de Burgos, sin que Pemex tenga ya control sobre esta zona, por lo que el hoy secretario particular de Felipe Calderón habría incurrido en supuestas violaciones a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), por ceder actividades estratégicas exclusivas de Pemex.

En 2005, esas supuestas violaciones a la ley fueron denunciadas ante la SFP por el abogado Jorge García, excolaborador de Nava en el jurídico de Pemex, e integradas en el expediente DE/099/2005. El señalamiento alcanza a Néstor García Reza y al entonces director de la subsidiaria, Luis Ramírez Corzo, por haber incurrido en violaciones a la Constitución, a la LOPSRM y a la LFRSP, al avalar un modelo de contrato con dolo, error y lesión en contra de Pemex.
Algunos de los supuestos ilícitos denunciados por Jorge García –quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP– habían sido comprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2005, en la auditoría especial que el órgano de fiscalización realizara a los CSM; incluso, la ASF había solicitado al Órgano Interno de Control (OIC) abrir investigaciones a los funcionarios involucrados en las irregularidades. Sin embargo, el OIC hizo caso omiso al mandato. A fines de 2006, en el cambio de estafeta del gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón, la SFP 'encapsuló' la denuncia del exsubordinado de Nava Vázquez.

Justificados por funcionarios de la administración foxista como esquemas para capitalizar a Pemex, los CSM son considerados por legisladores y analistas como los primeros modelos de privatización de sectores que por mandato constitucional están reservados al Estado. Por ello, en 2004, el fallecido constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela demandó su nulidad absoluta.
Ante la opacidad jurídica, en 2005, la ASF ordenó a Pemex suspenderlos. Para esas fechas, mediante este esquema, ya se había otorgado a consorcios extranjeros la operación de toda la Cuenca de Burgos.

Los 'arreglos' de César Nava
La exploración, explotación y producción de gas natural en la Cuenca de Burgos –situada en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila– era realizada por Pemex desde hacía más de 50 años, en los campos Misión, Reynosa, Francisco Cano, Treviño y Brasil.

En 2002, según cifras oficiales, Burgos produjo 1 mil 30 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, que representó casi una cuarta parte de la producción nacional, nivel alcanzado por ser la zona más desarrollada en su tipo del país. Era vista como la fuente más inmediata para obtener volúmenes adicionales de gas natural y contener las importaciones del energético. Los CSM se justificaron como 'la necesidad de ampliar la capacidad de exploración y perforación de pozos con miras a la elevación de gas natural y ante las restricciones presupuestales de PEP'.

Aunque el corporativo y las subsidiarias y filiales de Pemex cuentan, cada una, con un área dedicada al diseño y revisión de contratos, Nava dispuso que el modelo de CSM lo realizara la trasnacional Pricewaterhouse Coopers, SC, dirigida por Javier Soni Ocampo, accionista de la consultoría y quien también era parte de la fundación Vamos México, creada por la exprimera dama Marta Sahagún, donde integraba el Consejo de Vigilancia.

El servicio se acordó mediante el contrato 410212834 –etiquetado en PEP con el número PEP-SOP-034/2002– por adjudicación directa. A su vez, Pricewaterhouse subcontrató al bufete Macleod Dixon LLP, de origen canadiense.

Un documento elaborado por los encargados del proyecto, J. Jay Park y Elisabeth Ejuri, denominado 'Aspectos legales selectos de los contratos de servicios múltiples' y fechado el 20 de junio de 2002, explica que Macleod Dixon LLP fue contratada como asesor legal internacional de PEP para el proyecto CSM, bajo un subcontrato con Pricewaterhouse Coopers. La asesoría la daba Macleod Dixon desde sus oficinas en Calgary, Canadá, y Caracas, Venezuela, apoyados por el despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa, SC, recomendado de Nava Vázquez.

El secretario particular de Calderón instruyó a los abogados Jorge García, Cesáreo Maldonado, Alfredo Morales, Venus Monterrubio, César Castro, Miguel Serrano y Jesús Neri, adscritos a PEP, para que participaran en el diseño de los CSM, en un grupo de trabajo que coordinaba Jorge García.
Se estipuló que la empresa entregaría tres modelos de contrato. 'Uno comercial, uno apegado a derecho y otro intermedio para que se pudiera jugar con ellos de acuerdo con los tiempos políticos; además, Price debía apoyar en su implementación', dice Jorge García, quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP.

Durante varias semanas los abogados de Pemex se reunieron con los representantes de Price para definir el modelo. Los encuentros fueron en la oficina de Néstor García Reza, ubicada en el piso 9 de la torre ejecutiva, en Marina Nacional. De estas reuniones, Jorge García refiere:
'Era un estira y afloja entre nosotros (los abogados de PEP) y la gente de la consultoría. Discutíamos cada cláusula en apego a la Constitución y las leyes mexicanas, y la gente de Price defendía que tenían que hacer un contrato donde Pemex apareciera como una empresa privada y no como paraestatal, para que fuera atractivo a los inversionistas. Por ello incluyeron cláusulas que eran contrarias a la ley.'

Señala que los desencuentros eran principalmente con la representante de Price, Elisabeth Eljuri, de origen venezolano: 'Ella participó en la implementación de contratos similares en PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA). Tenía una concepción muy singular de los contratos. Ellos (Price) lo que querían hacer era un contrato comercial, en el sentido que fuera atractivo para muchos inversionistas. Incluso habló de modificar el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones para incorporar muchas cosas que la ley prohíbe, y que se incluyeron en el contrato'.
Jorge García explica que, pese a las observaciones de los abogados de Pemex respecto a los impedimentos jurídicos del contrato que se estaba formulando, los representantes de Price defendieron que ése era el modelo que les había solicitado el abogado de Pemex y que así lo presentarían.
Según García, Elisabeth aseguraba que la LOPSRM sería modificada para ajustarla al contrato. 'A ella se le hacía muy fácil; decía: 'vamos a modificar la ley y el reglamento'; le dijimos que en México las leyes no se modificaban así, pero ella insistió y siguieron adelante con el modelo que más tarde pondrían en operación César Nava y Néstor García'.

El 21 de noviembre de 2002 se suscitó la reunión más ríspida entre los abogados de Pemex y los representantes de Price. La razón fue que los juristas hicieron 67 observaciones al modelo de la consultoría, por ser contrario a la Constitución y las leyes mexicanas. Luego advirtieron a sus superiores –Nava y García Reza– que el contrato estaba sustentado en el derecho mercantil privado y no en el público, y definía a Pemex como una empresa privada y no como una empresa del Estado mexicano. El contrato en general se definía como 'actividades comerciales' entre las partes y no como un contrato de servicios. Se pactaban actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos.

También se estipulaba que cualquier documentación relativa al contrato, responsabilidad u obligación que de él se derivara, se emitiría como particulares y en apego al derecho mercantil privado.
Los excolaboradores de Nava explican que aún cuando los representantes de Price sabían que ello era contrario a derecho, argumentaron que la inclusión de dichas cláusulas era lo que hacía atractivo los contratos a los inversionistas, que de eliminarse, la iniciativa privada no se interesaría. Por ello, agregan, se estableció la Corte Internacional de Comercio de París como el tribunal donde se dirimiría cualquier conflicto entre las partes.

Uno de los aspectos que más inquietó a los abogados era que en distintos apartados del clausulado general Pemex renunciaba a la inmunidad del Estado mexicano, lo cual es contrario a la Constitución. Se estableció que un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo precautorio o un embargo auxiliar, 'de lo anterior podría desprenderse que un tribunal extranjero sí podría ordenar un embargo a PEP de sus bienes en el extranjero o en México, ya que conforme a la cláusula se trata de relaciones comerciales y se renunció a la jurisdicción', alertaban en diversos oficios los subordinados a Nava.

Mediante un correo electrónico del 25 de noviembre de 2002, remitido por Jorge García a su superior inmediato, Néstor García, le alertaba que Nava debía manifestarse respecto a la cláusula en la que la paraestatal renunciaba a la inmunidad, pues, considerando que los contratos se visualizaban para la inversión privada de capital extranjero, la inclusión de dicha cláusula en los CSM, 'puede tener un impacto negativo para PEP, toda vez que podría llegarse al punto de embargos o ejecución de los bienes del organismo por parte de órganos jurisdiccionales extranjeros.'

Los abogados de PEP advirtieron que según el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los contratos de la paraestatal son de derecho público y se rigen por la LOPSRM, 'por lo que es evidente que las relaciones entre PEP y el contratista no constituyen actividades comerciales', como estipulaba el modelo de Price. El estipular que 'el contrato y las operaciones del mismo constituyen actividades comerciales de la parte', evaluaron, era contrario a los artículos 1 y 15 de dicha ley.

Se enfatizó que al renunciar al fuero, se exponía a que la paraestatal fuera juzgada por alguien ajeno al país y de las implicaciones de llevar a Pemex a tribunales internacionales, donde históricamente ha perdido los casos.
En diciembre de 2002, en diversos oficios y correos electrónicos, los subordinados de Nava insistieron en las implicaciones legales del contrato diseñado por Price. En un correo electrónico remitido el 9 de diciembre de 2002, por Jorge García al titular de la OAG, señala: 'Consideramos adecuado insistir sobre las modificaciones a diversas cláusulas, ya que lo expresamos en su oportunidad, si el vínculo de PEP con el contratista se conceptuase como relaciones comerciales, se podrían acarrear efectos negativos para el organismo y la eventualidad de embargos o determinaciones de autoridad sobre bienes de PEP'.

Ese mismo mes, el grupo de trabajo elaboró el oficio con el que Nava otorgaría la sanción jurídica (aprobación por parte de la OAG) del modelo final presentado por Price, a partir del cual se diseñarían las bases para licitar los bloques de Burgos. Aún en este documento, los subordinados de Nava le advirtieron que como principio de ley, ningún contrato podía tener cláusulas de penalización para el gobierno federal, y que el jurídico no tenía atribuciones para renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex.
El 20 de diciembre de 2002, Nava emitió el dictamen favorable sobre el modelo de contrato de Price, según el documento OAG/960/2002 dirigido a Sergio Guaso Montoya, director ejecutivo del Proyecto de Diseño de Modelos de CSM de PEP.

En su argumentación, Nava dice que los CSM son, 'contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios, de acuerdo con la LOPSM', pero reconoce que su validez jurídica parte del supuesto de que ésta 'será modificada'. Y que además, a través del Consejo de Administración, Pemex adoptará 'una política interna' acorde para este tipo de contratos.

En el dictamen, el abogado reconoce que algunas cláusulas del contrato eran contrarias a la ley. Enfatiza que para incluir la sanción legal al modelo de CSM era necesario considerar que 'ciertos aspectos contenidos en el modelo de contrato propuesto requieren de la modificación de la LOPSRM, o bien de la confirmación de ciertos criterios de interpretación administrativa' de ésta.
El documento revela que Nava dio su aprobación, aun cuando el modelo no había sido sometido a escrutinio de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy SFP.

Contratos a la medida
Los excolaboradores de Nava dicen que además del modelo de CSM, el proceso de licitación y la formalización de los contratos fueron 'hechos a modo'. En 2003, antes de irse como asesor jurídico de la Sener –con el secretario Felipe Calderón– con el modelo de Price, César Nava Vázquez junto con Néstor García Reza, Luis Ramírez Corzo y Sergio Guaso Montoya elaboraron las bases para licitar siete bloques integrados en unos 6 mil kilómetros cuadrados en la Cuenca de Burgos.

En cada proceso de licitación –salvo en el bloque fronterizo en que participaron dos consorcios– se recibió una sola propuesta. Contrario a como indica la LOPSRM de optar por la mejor propuesta económica, los funcionarios de Pemex no buscaron más opciones, fallaron a favor del único licitante. Todos se otorgaron a petroleras extranjeras cuyo giro principal es la exploración, explotación y comercialización de energéticos y no la prestación de servicios: Repsol, Petrobras, Lewis Energy Group, Teikoku Oil Co y Techint.

Pese a lo complejo de los contratos y los recursos comprometidos, se adjudicaron de forma exprés. Las licitaciones se publicaron entre julio y agosto de 2003, en octubre se abrió la propuesta técnica y al día siguiente –en cada proceso– la propuesta económica. En noviembre la OAG emitió la aprobación jurídica y se suscribieron los contratos. El proceso fue aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, que presidía Felipe Calderón, en su carácter de secretario de Energía, quien ya tenía a Juan Camilo Mouriño como coordinador de asesores y a Nava Vázquez como asesor jurídico.

Una vez que se emitió el fallo, se permitió a las firmas extranjeras crear empresas ex profeso para que suscribieran el contrato y que la trasnacional quedara como obligada solidaria. La operación tenía un interés de fondo: las cláusulas de cada CSM estipulan que PEP y la contratista renuncian a toda inmunidad y protección de su gobierno, no así a la obligada solidaria, que conserva su derecho a recurrir en todo momento a la protección de su gobierno.

Los dictámenes jurídicos mediante los cuales la OAG autorizó la suscripción de cada CSM fueron hechos por Alfonso Iturbide Guerra, a la sazón encargado del despacho de la OAG y con el visto bueno del gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza, el mismo funcionario que aprobó algunos de los convenios y contratos que Pemex Refinación firmó con Juan Camilo Mouriño como representante legal de Transportes Especializados Ivancar (Contralínea 96).

En la revisión que la ASF hiciera al proceso de licitación (en su auditoría incluida en la revisión a la Cuenta Pública 2003), detectó que en las convocatorias 'se omitió señalar en las bases de licitación la información específica sobre los trabajos que podían subcontratarse, en infracción al artículo 33 de la LOPSRM', lo que, estimó la ASF, habría dejado a otras empresas sin posibilidad de participar. Al respecto, el órgano de fiscalización solicitó la intervención del OIC para investigar la responsabilidad de los funcionarios de Pemex involucrados en dicha irregularidad, pero no hubo investigación.

Denuncias en la SFP
En su denuncia, Jorge García Martínez señala que Nava Vázquez, García Reza y Ramírez Corzo habrían incurrido en supuestas violaciones a los artículos 7 y 8 de la LFRSP y a los Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, 'ya que no se abstuvieron de realizar actos que puedan causar deficiencia del servicio público' al aprobar el modelo de CSM, sin que éste fuera legal.

Ramírez Corzo, precisa, habría incurrido en incumplimientos a la fracción XVII del artículo 8 de la LFRSP, 'al no supervisar que César Nava y Néstor García cumpliesen con las obligaciones' contenidas en el artículo referido.
García Martínez responsabiliza a Nava de la implantación de los polémicos CSM porque, argumenta, 'la opinión jurídica que emitió sobre el contrato propuesto por Price fue determinante para que el entonces director general de PEP (Luis Ramírez Corzo) decidiese la utilización de dicho modelo pese a su ilegalidad', por lo que, señala, Nava 'incumplió las disposiciones legales relacionadas con el servicio público'.

Lo anterior implicaría también que el exabogado de Pemex habría actuado en contravención al principio de derecho, pues, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, ningún servidor público puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Así, argumenta Jorge García, ni Nava Vázquez ni García Reza podían conferirse facultades que la ley no les da, 'como lo hicieron al renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex'. Agrega que esta sola cláusula podría declarar la nulidad de los CSM.

Denuncia que Price no cumplió con el objeto de su contratación, toda vez que 'el modelo de contrato no se apega a lo dispuesto en la LOPSRM, y por tanto es ilegal'. Por ello, agrega, 'existe responsabilidad del contratista por no haber cumplido con el objeto del contrato que era elaborar un modelo acorde a la ley, independientemente de que el abogado general de Pemex y el jefe de la Unidad Jurídica de PEP hayan dado su opinión favorable'.

Como pruebas ante la SFP, García aportó el dictamen del modelo de Price firmado por César Nava, además de los dictámenes de la OAG respecto a los cuatro primeros contratos suscritos con las trasnacionales petroleras; así como la correspondencia interna donde precisaban cada una de las cláusulas que hacían ilegales los contratos.

Cuando la indagatoria estaba en curso, Función Pública abrió otra investigación, integrada en el expediente DE/025/20025/NA/042, que tenía a su cargo el titular del área de Quejas del OIC en Pemex, Federico Domínguez Zuloaga, despedido de la SFP el 26 de septiembre de 2006, 25 días después de que Felipe Calderón tomó posesión como presidente.

El excolaborador de Nava se dice víctima de persecución, espionaje telefónico, presiones sicológicas y acoso judicial. Asegura que tanto agentes de la Agencia Federal de Investigación, como elementos de seguridad interna de Pemex, adscritos a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, que encabeza Víctor Manuel de la Peña Cortés (denunciado por el exlegislador Jesús González Schmal por supuesto espionaje cuando presidía la comisión que investigaba a los hermanos Bribiesca), vigilaban su domicilio y que en diversas ocasiones siguieron a sus hijos, a su esposa y a él mismo.
Ante la SFP, García documentó a detalle el modelo y placas de los vehículos que vigilaban su casa, las intervenciones telefónicas, el rastreo que de sus datos personales hacían diferentes sujetos entre sus vecinos.

El acoso llegó a tal grado, dice en entrevista, que en noviembre de 2005 solicitó a la SFP que el OIC emitiera una resolución 'objetiva y apegada a derecho' a su denuncia, pues estaba en riesgo su integridad y la de su familia. Incluso en un oficio del 11 de noviembre, Francisco Javier Galindo Noriega, titular del Área de Quejas del OIC en PEP, señala que García Martínez pidió medidas cautelares para él y su familia.

Mientras su denuncia se ventilaba en la SFP, la OAG de Pemex presentó una denuncia penal en su contra por sustracción de documentos confidenciales. García Martínez dice que el expediente presentado por la OAG (ya a cargo de Néstor García) fue el mismo que él presentó en la SFP para denunciar a Nava, García Reza y Ramírez Corzo 'por lo que ante el Ministerio Público federal que llevaba la denuncia en mi contra manifesté que ellos sí hicieron uso de información contenida en un expediente que estaba bajo investigación en la Función Pública', explica.

En diversos oficios presentados durante 2006, García insistió a los funcionarios de la SFP que derivado de sus denuncias respecto a los CSM, era sujeto de investigación y presiones.

El 9 de junio presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, radicada en el expediente 2006/2128/2/OD, para que el organismo interviniera ante la SFP por supuestas violaciones a sus derechos humanos, relacionadas con la denuncia por sustracción de documentos de la que es objeto. El 30 de junio la CNDH hizo un extrañamiento al contralor interno de la SFP, Francisco Medellín, y le solicitó aclarar la responsabilidad de los funcionarios que habrían incurrido en infracciones al artículo 10 de la LFRSP en detrimento de García Martínez.

Aunque algunos de los señalamientos de García Martínez habían sido comprobados por la ASF en su revisión a la adjudicación de los CSM, a finales de 2006 previo al cambio de estafeta en el gobierno federal, dice, la SFP 'encapsuló' su denuncia.

Para este trabajo se buscó a César Nava Vázquez, quien declinó hacer comentario hasta no ver la información publicada por Contralínea. También a Javier Soni Ocampo, director para México de la consultoría Pricewaterhouse Coopers, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En Pemex, el abogado Néstor García Reza rehusó explicar su participación en las supuestas irregularidades y el gerente de comunicación social, Carlos Ramírez, negó a Contralínea cualquier información relacionada con los CSM y lo documentado en este artículo.
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Proyecto privatizador

Manuel Bartlett, expresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, define a los CSM como 'una de las estrategias diseñadas por la administración de Vicente Fox para privatizar los hidrocarburos y para permitir la participación de grandes compañías extranjeras en los procesos de desarrollo y producción de hidrocarburos, en una clara violación a la Constitución'.
El exsecretario de Gobernación sostiene que los CSM tienen su origen en la aceptación de Vicente Fox a la solicitud explícita de George W. Bush de acelerar la integración energética entre México y Estados Unidos. 'Se cedió también a las presiones de las empresas extranjeras distribuidoras de gas natural y a las grandes petroleras trasnacionales'.
Explica que dichos contratos fueron el inicio de la privatización de Pemex y que son una muestra del esquema que se aplicará de aprobarse la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón. (ALP)



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El negocio de Repsol

La trasnacional beneficiada con más de 60 por ciento del monto asignado a los CSM de Burgos fue la española Repsol, con un contrato por 2 mil 437 196 mil 256 millones de dólares, a 20 años, para el bloque Reynosa-Monterrey (de unos 3 mil 552 kilómetros cuadrados), adjudicado el 16 de octubre de 2003. Según Pemex, éste es 'el contrato de obra pública de mayor monto en la historia de la paraestatal'.
Cinco días después de que PEP le adjudicara el contrato 414103990, el consorcio creó la subsidiaria Repsol Exploración de México, SA de CV, según escritura pública 100116 emitida el 21 de octubre de 2003 por el notario 103 del Distrito Federal, Armando Gálvez Pérez.
El 13 de noviembre Alfonso Iturbide Guerra, a nombre de la OAG, emitió el dictamen jurídico para el contrato, avalado también por el gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza. Al día siguiente firmaron el contrato Luis Sergio Guaso Montoya, director Ejecutivo de CSM, y Alfredo Guzmán Baldizán, subdirector de la Región Norte de PEP, como representantes de la paraestatal, y Guillermo Isaac Álvarez Iglesias, por parte de Repsol Exploración de México, y Repsol Exploración como obligado solidario.
De dicho documento destaca la cláusula 35.3: 'PEP expresa e irrevocablemente renuncia, en la forma más amplia, al fuero o a cualquier posible inmunidad soberana o de jurisdicción que pudiera corresponderle', con lo que se estaba incurriendo a violaciones al artículo 27 constitucional.
En la cláusula 2.2 se estipula que aunque la contratista (Repsol de México) 'por razones comerciales' para objeto del contrato 'renuncia a cualquier tipo de inmunidad soberana o inmunidad de jurisdicción a la que pueda tener derecho' y a 'no invocar la protección de su gobierno' esta limitación no era extensiva a su 'obligado solidario', es decir, Repsol Exploración, con sede en España.
Lo anterior significa que la española podría recurrir a la protección de su gobierno y a 'cualquier derecho, según los tratados internacionales celebrados por el gobierno federal de México que sean aplicables'.
En la cláusula 35.3 se obliga a que cualquier diferencia entre las partes 'deberá ser resuelta exclusivamente mediante arbitraje institucional con sede en París, Francia, de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional'; es decir, el modelo de Price aprobado por Nava era un contrato comercial y no de obra pública.
El periodo de ejecución se estipuló del 9 de enero de 2004 al 8 de enero de 2024, periodo en el cual se podrá incrementar el monto fijado en el contrato, además de los intereses que PEP pagará a Repsol por financiamiento de obra, según la cláusula 20.3.

Los contratos de Petrobras
El 23 de octubre se adjudicó a las empresas Petrobras, de Brasil; Teikokui Oil, de Japón; y D&S Petroleum, de México, el contrato para el bloque Cuervito (de 231 kilómetros cuadrados), por 261 millones de dólares, a 15 años. Seis días después, los consorcios crearon la empresa PTD Servicios Múltiples, S de RL de CV, según escritura pública 147, formalizada el 29 de octubre de 2003 ante la notaría 55 del primer distrito de Monterrey, Nuevo León.
El 19 de noviembre, Iturbide Guerra emitió el dictamen jurídico según oficio OAG/1686/2003; dos días después, se firmó el contrato. En el documento aparecen como obligados solidarios Petróleo Brasileiro México, S de RL de CV, representada por Marco Antonio Sotomayor Melo; Petroleo Brasileiro, SA, por Roberto Toledo; D&S Petroleum, por Jesús Rodríguez Dávalos; y Teikoku Oil Co, LTD, por Tsukasa Takashima. Por Pemex: Guaso Montoya y Guzmán Baldizán; y por PTD, Roberto Toledo.

El documento contiene las mismas cláusulas que el de Repsol. En la número 35.4, 'Naturaleza de la contratación', también se estipula: 'El presente contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades comerciales de las partes'.
El 19 de noviembre, a PTD Servicios Múltiples se le adjudicó el contrato para el bloque fronterizo (de 231 kilómetros cuadrados) por 265 millones de dólares, a 15 años, etiquetado con el número 414113808. La revisión jurídica se emitió en el oficio OAG/1826/2003, del 5 de diciembre –notificado también a Prado Carranza– y el contrato se firmó el día 8, en los mismos términos y por los mismos representantes que en el contrato anterior.
Servicios Múltiples de Burgos

El 30 de octubre de 2003, PEP adjudicó el bloque Misión (de 1891 kilómetros cuadrados), a Techint-Tecpetrol, Industrial Perforadora de Campeche, Elina 414, SA, y Elina del Bajío, SA. El 7 de noviembre estas firmas constituyeron la empresa Servicios Múltiples de Burgos, SA de CV, quedando los consorcios como obligados solidarios.

El 26 de noviembre se emitió el dictamen jurídico, mediante el oficio OAG/01717/2003. Dos días después, Luis Sergio Guaso y Alfredo Eduardo Guzmán Baldizán por PEP; y Raúl Droznes, María Alejandra Nicoli, Enrique Tovar y Aldo Mentasti, por las contratistas, firmaron el contrato 414103997 por 1 mil 35 millones 579 mil 600 dólares, y un plazo de ejecución de 7 mil 305 días, vigente del 9 de enero de 2004 al 8 de enero de 2024.

Lewis Energy

El 29 de julio de 2003, PEP publicó la licitación internacional 18575008-138-03 para el bloque Olmos. Según información de la subsidiaria, la única propuesta que recibió fue la de la empresa texana Lewis Energy Group, LP; el 15 de enero de 2004 emitió el fallo a favor de ésta. Cuatro días después, la compañía constituyó Lewis Energy México, S de RL de CV, según escritura pública 101336, emitida por el notario público 103 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio el 21 de enero de 2004.
El 6 de febrero de 2004, mediante el oficio OAG/250/2004, Iturbide Guerra emitió la aprobación jurídica del contrato 414104806 por 343 millones 573 mil 500 dólares, vigente del 20 de febrero de 2004 al 19 de febrero de 2019. El 9 de febrero firmaron el contrato Guaso Montoya y Guzmán por PEP y Rodney Ray Lewis por la contratista Lewis Energy de México; como obligado solidario quedó Lewis Energy.

Violaciones a la Ley de Inversión
Aunque las empresas beneficiadas con los CSM son de capital, en su mayoría, ciento por ciento extranjero (de España, Brasil, Japón y Estados Unidos), Pemex no solicitó la aprobación de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE) para justificar la participación de recursos provenientes de empresas extranjeras en actividades económicas relativas a la perforación de pozos petroleros y gas, en contravención al artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera.

Lo anterior fue detectado por la ASF en la citada revisión al proceso de licitación de Burgos. El órgano de fiscalización determinó la presunción 'de hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de los servidores públicos' que suscribieron los contratos pese a que no contaban con una resolución favorable de la CNIE. Al respecto, PEP increpó que era 'obligación de la persona moral que llevará a cabo dichas actividades de perforación, y no de PEP, obtener la resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras'.

La ASF solicitó la intervención del OIC ante 'hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de los servidores públicos'. Contralínea confirmó que los órganos internos de control no abrieron investigación alguna. (ALP)



Recuadro



Revista Contralínea / México

POSIBLE SECUESTO DE ESTADO EN OAXACA

POSIBLE SECUESTRO DE ESTADO



Al pueblo de México

A los pueblos del mundo

A los medios de comunicación alternativos



El día sábado 31 de enero, a las 6 de la tarde, un comando fuertemente armado de policías estatales de Oaxaca ingresó al penal de San Pedro Pochutla para llevarse a nuestro compañero indígena y preso político Abraham Ramírez Vásquez, en una camioneta blanca sin placas y con dirección desconocida. Nuestro Compañero Abraham, junto con otros dos indígenas, Juventino y Noel García Cruz, permanecen presos desde el 15 de enero de 2005 por órdenes directas del asesino Ulises Ruiz Ortiz (URO). El delito de nuestros compañeros fue defender sus bosques y sus usos y costumbres. A más de 4 años, el gobierno de URO no les ha podido comprobar los delitos que les imputa y debido a ésto no les ha dictado sentencia. Nuestros compañeros son integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica, organización integrante de la Alianza Magonista Zapatista, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y adherente de La Otra Campaña.

Cabe destacar que Abraham Ramírez es un hombre con convicciones humanas y libertarias profundas, que lo han impulsado, en más de una ocasión, aun desde el interior de la cárcel, a luchar contra las autoridades del penal para hacer valer los derechos de los presos.

A lo largo de estos años, Abraham ha mantenido contacto y escrito cartas alentando al pueblo de Oaxaca para que resista y no deje que su dignidad sea pisoteada por el asesino que mal gobierna ese estado de la república. Los barrotes de la prisión no han podido silenciar su voz rebelde y ha enviado, junto con los otros dos compañeros presos, cartas y saludos a diferentes eventos promovidos por La Otra Campaña.

Abraham es, también, promotor directo de un proyecto de comida popular al interior del penal de Pochutla, debido a que en dicho penal los presos no tienen comedor, lo que le ha valido acoso, hostigamiento y vejaciones a cargo de las autoridades del penal.

Debido a lo antes expuesto, solicitamos la sensibilidad y la solidaridad del pueblo mexicano y de las organizaciones sociales para exigir al asesino de Ulises Ruiz Ortiz y al gobierno derechista de Calderón, la presentación con vida de nuestro compañero Abraham Ramírez Vásquez y la liberación de los presos políticos de Santiago Xanica.

Responsabilizamos al director del penal, a los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y de Felipe Calderón, de cualquier atentado que sufra nuestro compañero Abraham.



Atentamente: Alianza Magonista Zapatista.



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¡PRESOS POLÍTICOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, LIBERTAD!








En lo que concierne a las cosas
humanas, no reír, no llorar, no
indignarse, sino comprender

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