La trama Engañosa
Jenaro Villamil
Aprobada ya la reforma energética en el Senado por mayoría, ahora los integrantes del Frente Amplio Progresista que se oponen a la iniciativa buscarán esta semana que sus pares en la Cámara de Diputados peleen por la inclusión de las dos cláusulas suprimidas en el dictamen aprobado el jueves 23. En éstas, algunos frentistas pedían que Pemex no otorgara bloques o áreas exclusivas a un solo contratista. Ahí está el meollo del asunto, sostiene Dante Delgado, coordinador de Convergencia en el Senado.
Entre el predictamen del martes 14, negociado y discutido en el seno de las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado, y el dictamen que se aprobó en la sesión del jueves 23 desaparecieron dos cláusulas del artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos que originalmente prohibían el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas para un solo contratista.
A pesar del voto de 88 de los senadores del PRI, PAN y del PVEM en contra de las famosas “doce palabras” que pidieron los negociadores del Frente Amplio Progresista (FAP) –“no se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas”–, este candado sí estuvo originalmente en el predictamen.
Sin explicación ni justificación pública desapareció del texto final que se presentó ante el pleno luego de una complicada negociación, presiones y cabildeos que provocaron la desconfianza y la protesta de Andrés Manuel López Obrador y descarrilaron el acercamiento con el PAN y el gobierno de Felipe Calderón iniciado el martes 7.
El comparativo de los dos documentos, cuya copia obtuvo Proceso, refleja que en las negociaciones de comisiones desaparecieron las cláusulas VII y VIII del artículo 61 que ordenaban justamente lo que se convirtió en una de las banderas que detonaron la movilización de las brigadas en defensa del petróleo:
“VII.- No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas para un contratista.
“VIII.- No se suscribirán contratos donde se reúnan para un mismo contratista las actividades de exploración y producción en un campo determinado.”
En el dictamen aprobado se eliminaron otros dos párrafos:
“Los contratos a que se refiere este artículo (61) podrán ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, en los términos y conforme a los procedimientos previstos en las leyes aplicables.
“Los contratos a que se refiere este artículo podrán ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación ex ante o por la Secretaría de la Función Pública, en los términos y conforme a los procedimientos previstos en las leyes aplicables.”
Para el senador Dante Delgado, coordinador de Convergencia, en estos párrafos eliminados estaba “el meollo del asunto”.
–¿Por qué razón los rechazaron? –se le pregunta.
–Ahí estaba la telaraña de los intereses. Algunos senadores argumentaron que así se hace en otras partes del mundo, incluyendo Cuba, donde se otorgan contratos por bloques o áreas exclusivas.
“Sin embargo, el propio canciller cubano nos explicó que Cuba lo hizo así porque ellos no tienen técnicos ni infraestructura, a diferencia de nosotros, que somos un país petrolero.”
Delgado, quien estuvo en las negociaciones finales con las otras fracciones, advierte: “Ningún coordinador de las fuerzas políticas puede negar que no se hizo el intento de incluir esa propuesta”.
Pablo Gómez, el otro senador del PRD que insistió en este punto, junto con Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía, advirtió en tribuna, durante la sesión del jueves 23, que fue tan fuerte la negativa a incluir esta prohibición de contratos exclusivos por bloque, “que hace pensar a cualquiera, porque ya lo han dicho también, que el Golfo de México lo quieren cuadricular para repartirlo entre trasnacionales, con el cuento de que ellos sí saben cómo sacar el petróleo de las aguas profundas”.
Graco Ramírez, sin embargo, consideró que si esta propuesta no se aprobaba, era un “despropósito” pensar que la reforma petrolera “no fue una victoria de las fuerzas democráticas y las fuerzas que se opusieron a la privatización de Pemex”.
Los legisladores del FAP advirtieron que tratarán de incluir en la Cámara de Dipu-tados esta propuesta que ya estaba originalmente en los predictámenes.
El acercamiento PRD-Calderón
En el tramo final de la compleja negociación para dictaminar la reforma petrolera, el tema de los contratos se convirtió en la diferencia insalvable entre la posición de los senadores más radicales del FAP, algunos de los especialistas y asesores del Movimiento en Defensa del Petróleo, y el sector más proclive al diálogo y a la negociación, encabezado por el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, y por Graco Ramírez.
Hasta el viernes 17 ambos legisladores consideraron como “inminente” un acuerdo con el PAN para eliminar las seis palabras contenidas en la fracción IV del artícu-lo 62 de la Ley de Pemex que permitían las “compensaciones” a los privados.
Al mismo tiempo, aseguraron que el PRI había aceptado sacrificar su propuesta de las empresas filiales, tal como lo dejó entrever Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía, desde la sesión de comisiones del lunes 13. Labastida reconoció que esta propuesta no contaba con los votos suficientes para ser aprobada.
Navarrete y Ramírez argumentaron que entre los signos positivos del avance de la negociación con el PAN y el gobierno de Calderón estaban el anuncio de la construcción de una refinería de Pemex con fondos públicos, las modificaciones a la Ley de Ingresos y Responsabilidad Hacendaria que liberaron a Pemex de la deuda en Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), así como la aprobación en el presupuesto de un déficit fiscal de 0.8% que liberará 200 mil millones de pesos para Pemex en 2009.
Navarrete relata a Proceso que el acercamiento entre el PRD y el gobierno de Felipe Calderón se inició el día en que el Senado le otorgó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, la Medalla Belisario Domínguez al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el martes 7.
A través de la intermediación del coordinador de la bancada del PAN, Gustavo Madero, los legisladores del PRD acordaron permanecer en el recinto sin protestar por la presencia del primer mandatario.
El llamado a la tolerancia y a la no criminalización de los movimientos de protesta que realizó Granados Chapa desde la tribuna sirvió de marco para que Navarrete emprendiera la interlocución con Calderón. Dos fueron las demandas sustanciales: eliminar el control fiscal de la Secretaría de Hacienda sobre Pemex y convertir los Pidiregas en deuda pública.
Ese mismo martes 7, durante una cena en Los Pinos, Calderón decidió dar el viraje y aceptar las condiciones planteadas por el PRD. Así se lo anunció a sus asesores más cercanos.
El miércoles 8, durante la reunión con el gabinete económico, Calderón Hinojosa informó de las medidas para frenar el embate especulativo contra el peso y el paquete económico para 2009. Ahí planteó modificar su iniciativa de Ley de Ingresos, incorporando las demandas del PRD y la construcción de una nueva refinería con recursos públicos.
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se opuso a estas medidas. “No es una consulta. Es una orden”, le dijo Calderón al desconcertado titular de Hacienda. En su mensaje a la nación, la tarde del miércoles 8, Calderón anunció como punto tres de su Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo que se construirá una nueva refinería y que se eliminaba el esquema de Pidiregas de Pemex.
El jueves 9, el presidente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, y el propio Carlos Navarrete alabaron públicamente las medidas anunciadas por Calderón.
“López Obrador estuvo informado en todo momento de estas negociaciones”, aclara Navarrete.
Las diferencias
El secretario de Hacienda intentó presionar en las negociaciones de la reforma petrolera. El lunes 13, Francisco Labastida se quejó públicamente de que Carstens había enviado una modificación al artículo 17 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que proponía el control de Hacienda sobre Pemex. El martes 14, Labastida reconoció que Carstens había reculado. “Con la propuesta que me acaban de enviar, se destraba el problema”, informó el senador del PRI, al término de la sesión de comisiones.
Fue ese mismo martes que se dieron a conocer los predictámenes de las siete iniciativas. El PRD había logrado que “más de 80%” de sus demandas fueran incorporadas, según Graco Ramírez. El PRI había aceptado eliminar su propuesta de “filiales estratégicas”, al tiempo que rechazó la iniciativa del PAN para que se permitieran las sociedades de inversión, como las Afore, en los bonos petroleros.
El PRD también consiguió frenar un último intento privatizador: el diputado priista Raúl Cervantes Andrade presionó para que el dictamen se elaborara por él desde la Cámara de Diputados beneficiando a los contratistas privados.
Graco Ramírez relata a Proceso que Cervantes Andrade, apoyado por su coordinador Emilio Gamboa Patrón y por la Secretaría de Hacienda, llegó a amagar a los senadores del PAN al afirmar que “si ustedes no defienden la redacción que les enviamos de los contratos, preocúpense porque no los vamos a defender ante la Suprema Corte”, en caso de amparos o litigio de los contratistas privados.
Cervantes Andrade fue el autor de la propuesta de reforma energética con mayor contenido privatizador presentada el 26 de abril de 2007 en la Cámara de Diputados (Proceso 1636).
En la negociación sobre la integración del Consejo de Administración de Pemex, el PRI y el PAN rechazaron tajantemente la propuesta de disminuir la representación de cinco representantes del sindicato petrolero, y menos que éstos se eligieran mediante el voto. El PAN aceptó la propuesta del PRI y del PRD de que los nuevos cuatro “consejeros profesionales” fueran avalados por el Senado, a propuesta del Ejecutivo federal.
El optimismo de los negociadores del PRD se mantuvo hasta el mitin del miércoles 15 en el Hemiciclo a Juárez, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El excandidato presidencial reiteró los seis puntos innegociables, incluido el tema de los contratos y las filiales. En esa ocasión acusó al empresario salinista Claudio X. González de emprender un “intenso cabildeo” entre los coordinadores del PRI en el Congreso, Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, pero también a través de la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, y del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Entre el lunes 20 y el martes 21, la presión por aprobar la reforma petrolera se acentuó, a pesar de que se mantenían varios puntos “encorchetados” en los siete dictámenes y no se conocía una versión final de los documentos. Hasta ese momento, todos eran “borradores de trabajo”.
En la noche del miércoles 22, la alianza PRI y PAN se fortaleció y se negaron tajantemente a incluir un candado que impidiera los contratos en bloque de una sola área para una sola empresa. Navarrete y un grupo del comité asesor de intelectuales ya había expresado en público su aval en la reforma.
En el mitin vespertino del jueves 23, López Obrador sometió a consulta si se aceptaba lo alcanzado o se insistía en tres puntos fundamentales: la prohibición expresa de permitir contratos para la explotación y perforación de petróleo mediante la asignación de bloques o áreas en kilómetros cuadrados; eliminar del artículo 43 de la Ley de Petróleos Mexicanos la posibilidad de que la paraestatal contratara “seguros, fianzas o cauciones” a favor del Consejo de Administración, y excluir a las casas de bolsa de la emisión de los “bonos ciudadanos”, una de las pocas figuras que permanecieron de la iniciativa original de Calderón.
El rechazo de los asistentes al mitin de “aceptar lo hasta ahora logrado” dio paso al anuncio de las acciones de resistencia civil. La demanda se concentró en incorporar al dictamen “doce palabras” para prohibir los contratos mediante la asignación de bloques.
En ese momento se definió el distanciamiento entre el movimiento lopezobradorista y la mayoría de los senadores del PRD, en especial, la fracción negociadora encabezada por Carlos Navarrete y Graco Ramírez.
Los dictámenes aprobados
Durante las tres horas y media que duró la accidentada sesión del jueves 23, los senadores definieron la historia reciente de 10 meses de discusión en torno de la reforma energética “más importante desde la expropiación petrolera”, como coincidieron en señalar el panista Rubén Camarillo, secretario de la Comisión de Energía, y el priista Rogelio Rueda Sánchez, quien habló en nombre de su fracción.
Por 108 votos a favor y nueve en contra se aprobó la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. Este fue el dictamen que sufrió más modificaciones en relación con la propuesta original del Ejecutivo federal, presentada el pasado 8 de abril ante el Senado.
Se eliminó la posibilidad de abrir a los inversionistas privados las actividades de refinación, transporte, almacenamiento y ductos. Se prohibieron los contratos “incentivados” y se estableció que las remuneraciones en los contratos de obras y servicios serán siempre en efectivo y en ningún caso se establecerán “contratos de riesgo”. Se prohibió que Pemex se someta a tribunales internacionales. Se creó un nuevo órgano regulador: la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y se fortalecieron las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía.
El dictamen de la nueva ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se aprobó por 113 votos a favor y seis en contra. Con los mismos votos se aprobaron la nueva ley de la Comisión Reguladora de Energía y el dictamen que reforma el artícu-lo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El dictamen de la nueva Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se aprobó por 114 votos a favor y cinco en contra. La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento para la Transición Energética se aprobó por 113 votos a favor y cinco en contra.
El dictamen que generó una mayor discusión en lo particular fue el de la Ley de Petróleos Mexicanos, aprobado en lo general por 109 votos a favor y 10 en contra, y en lo particular por 88 votos y 30 en contra, al discutirse la incorporación de las “doce palabras” para evitar los contratos de exclusividad en bloques o áreas.
En la tribuna y en nombre del PT, la senadora Rosario Ibarra de Piedra demandó que se incorporara el cambio: “No pierdan la esperanza. Doce fueron los apóstoles y miren lo que lograron hacer en el mundo”.
Pablo Gómez, en nombre del PRD, insistió en la propuesta y le advirtió a los legisladores del PRI, del PAN y del PVEM: “No admito el argumento técnico porque es un argumento de estrategia de la industria petrolera. Ahí es donde está la contradicción”.
Dante Delgado, de Convergencia, aclaró que se propuso incorporar las “doce palabras” en el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Pemex y no en la Ley Reglamentaria del artículo 27 “a efecto de que no se despertaran susceptibilidades mayores”.
La mayoría de los senadores del PRI, del PAN y del PVEM descartaron esta modificación que le hubiera restado un argumento a las protestas que se realizaban en las afueras del recinto.
Sin embargo, ninguno de los senadores destacó que esa misma propuesta ya había sido aceptada por los senadores de las comisiones de Energía y Estudios Legislativos en los predictámenes que se negociaron el martes 14 y que, sin mayor argumentación, desaparecieron en el dictamen final.
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